Historia

Producto de la transformación del sector eléctrico dominicano iniciada por la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97, promulgada en fecha 24 de junio de 1997, se llevó a cabo un proceso de privatización y capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), entre otras instituciones estatales. Como parte de las operaciones realizadas, se transfirieron los derechos de CDE sobre la explotación de obras eléctricas de generación, distribución y comercialización de electricidad en la República Dominicana a sociedades comerciales de derecho privado y capital mixto que resultaron adjudicatarias de los procesos de licitación efectuados, y se liberalizó el segmento de generación de electricidad, tornándose imperativa la necesidad de una entidad que regulase el subsector eléctrico, fiscalizando y supervisando el cumplimiento de las normas técnicas y legales aplicables a dicho subsector.

Es por este motivo que en fecha 16 de marzo de 1998, fue dictado el Decreto No. 118-98, que crea la Superintendencia de Electricidad como un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC), cuya finalidad en términos generales consistía en funciones normativas, promotoras, reguladoras y fiscalizadoras del subsector eléctrico en la República Dominicana.

Posteriormente, con la reforma sectorial que conllevó la entrada en vigencia de la Ley General de Electricidad No.125-01, promulgada en fecha 26 de Julio de 2001, la Superintendencia de Electricidad pasó a convertirse en una institución descentralizada del Estado Dominicano con personalidad jurídica de Derecho Público, con patrimonio propio y capacidad para adquirir bienes, ejercer derechos y contraer obligaciones, al amparo de las disposiciones del Artículo 8 de la citada Ley.

En la actualidad, la SIE constituye el ente regulador del subsector eléctrico dominicano, llamada a fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicable en dicho subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios.